Por Esteban Delgado Las denuncias sobre robo de gas licuado de petróleo en las envasadoras ahora provienen más desde los pueblos del interior del país, donde el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) tiene más limitaciones para resolver.
El problema es que ProConsunmidor carece de recursos para mantener una presencia más activa en los pueblos, a lo que se suma la decisión del Ministerio Público de Santiago, desde donde provienen más denuncias de fraudes, de no actuar en consecuencia sin la orden previa de un juez.
La gestión de ese organismo para enfrentar el robo a los clientes que consumen gas propano en algunas envasadoras ha dado resultados positivos, pero a fuerza de enfrentar muchos intereses.
A eso se une el intento de retardar procedimientos con la elaboración de un reglamento que no presenta elementos de defensa efectiva de los consumidores y sigue en constante discusión en la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor).
Pero la directora de ProConsumidor no se detiene. Altagracia Paulino informó a El Caribe que en los próximos días anunciará un conjunto de medidas de defensa de los consumidores y de sanciones a las envasadoras de gas que le roben a sus clientes, independientemente del reglamento de Digenor.
Las presiones de dueños de envasadoras que son “compañeros” del partido de gobierno, así como las influencias de propietarios con elevado poder económico son sólo parte de las dificultades enfrentadas por los técnicos de ProConsumidor. “En este asunto el único que me apoya es el Presidente”, dijo Paulino en referencia a las presiones que recibe para detener su cruzada de defensa de los derechos de los consumidores.
En este momento existen al menos 10 directivos de envasadoras de gas propano sometidos a la Justicia, y aunque los procesos de cierre son temporales, el resultado ha sido la mejora del servicio con la calibración de los dispensadores.
Esto así, porque si bien las envasadoras son reabiertas, el proceso de litis judicial y los pocos días que duran cerradas se traducen en pérdidas millonarias que ningún empresario quiere.
La funcionaria gestiona con la Fiscalía de Santiago un mecanismo para proceder contra las envasadoras sin recurrir a la orden de un juez, porque el trámite tarda más y da tiempo para “influencias”.
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