Cámara declara a 136 alcaldías en desacato

Por Felivia Mejía

La mayoría de los alcaldes y directores municipales podrían enfrentar cargos de prisión correccional de seis meses a dos años o el pago de una multa de hasta 50 salarios mínimos por no enviar a la Cámara de Cuentas su informe de ejecución presupuestaria.

El organismo fiscalizador declaró ayer en desacato a 136 alcaldes y directores de juntas de distritos municipales que no atendieron la solicitud que desde el año pasado se le notificó para que suministraran las informaciones sobre en qué invirtieron su presupuesto.

También, pidió al Ministerio Público a que use la fuerza pública para que los ejecutivos municipales entreguen los documentos.En tanto que la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) afirmó, en un comunicado, que los alcaldes no se negaron a rendir cuentas y justificó su falta a retrasos provocados por el proceso de ajuste de las autoridades que tomaron posesión en agosto del pasado año.

Exhortó a las autoridades municipales que entreguen a la Cámara de Cuentas los documentos que solicita. La presidenta del organismo, Licelot Marte de Barrios, explicó que se trata de un hecho sin precedente. Apuntó que los incumbentes no alegan nada que excuse que no enviaron los datos en el plazo establecido, que venció el 28 de febrero.

Dijo que se han comunicado con los alcaldes por escrito, también les visitó una comisión y se publicó en la prensa una lista de los ayuntamientos que tenían pendiente entregar el informe y no atendieron el llamado. Marte de Barrios indicó que sólo cuatro cabildos entregaron sus informes, entre ellos el del Distrito Nacional y Santiago.

Para agilizar la entrega de los informes, la Fedomu dijo que designó a 30 contadores y juristas que tendrán a su cargo asesorar a los ejecutivos municipales en la elaboración de su rendición de cuentas.

Sostuvo que la mayoría de los ayuntamientos que están atrasados no cuentan con los recursos económicos suficientes para cumplir con esa responsabilidad, por lo que hizo un llamado a la Liga Municipal Dominicana y a la Asociación Dominicana de Distritos Municipales (Adodim), para que les ofrezcan asistencia técnica.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) había dicho que la ley 10-04 otorga a la Cámara de Cuentas la facultad de recomendar la destitución de funcionarios que hayan cometido actos ilícitos.

Citó que en su artículo 55 esa norma tipifica un amplio catálogo de conductas consideradas faltas administrativas. Al respecto, Marte de Barrios, aseguró que cumplen con lo que dice la ley y no descartó que se tomen otras medidas.

La federación realiza gestiones

Fedomu informó que procura reunirse con la Cámara de Cuentas para aclarar la situación y coordinar las acciones que realizarán en conjunto para que las alcaldías y Juntas distritales se pongan al día.

Fuente El Caribe