El Ministerio Público, a través de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), presentó acusación y solicitó apertura a juicio
contra el alcalde de San Francisco de Macorís y otros tres funcionarios
del Ayuntamiento, acusados cometer irregularidades en el manejo de los
fondos de dicho organismo, que superan los 400 millones de pesos.
El alcalde Félix Manuel Rodríguez
Grullón, el encargado de Nómina Jerson Neris Lizardo Pérez y la tesorera
Fior D’liza Genao Hernández, son acusados del desfalco junto a la
señora Ana Hilda Bobie Aquino de Lizardo, en calidad de cómplice.
El grupo está acusado de cometer los
crímenes de coalición de funcionarios, falsedad, uso de documentos
falsos y prevaricación, además de los delitos de desfalco, concusión,
soborno, asociación de malhechores y abuso de confianza.
La magistrada Laura Guerrero Pelletier,
titular de la PEPCA, declaró que a los imputados se les atribuye la
violación de los artículos 123, 124, 145, 147, 150, 151, 166, 167 y 169
del Código Penal Dominicano, así como los artículos 170, 171, 172, 177,
178, 179, 265 y 266 de dicha normativa, que tipifican ese tipo de
crímenes.
“En el proceso de investigación
realizado por la PEPCA y una auditoría hecha de manera conjunta con la
Cámara de Cuentas en el período 2007-2011, se determinó que con sus
actuaciones dolosas los funcionarios del Ayuntamiento de San Francisco
incurrieron en las citadas irregularidades en el manejo de los fondos
públicos”, manifestó la funcionaria del Ministerio Público.
De acuerdo a la auditoria, el alcalde
Rodríguez Grullón otorgó obras sin que se haya realizado un concurso
público o de oposición, en franca violación de la Ley No. 340-06 de
Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado, comprobándose
que era para favorecer a determinadas empresas.
Asimismo, expresa que la Alcaldía de San Francisco de Macorís suministró combustible a camiones alquilados a particulares.
También en el Ayuntamiento Municipal de
San Francisco de Macorís, por decisión del síndico, en el indicado
período se hicieron contratos de obras que no establecen garantías
mediante pólizas de seguros.
La auditoría también determinó que el
Ayuntamiento contrató 481 obras por un monto equivalente a 377 millones
860 mil 484 pesos, sin haber exigido a los contratistas el depósito de
las pólizas de garantía de avance y de vicios ocultos, a la firma del
contrato y recepción de las obras, respectivamente.
Dicha auditoría revela además que del 1
de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento no exigió
pólizas a los contratistas ascendentes a 113 millones 358 mil ciento
cuarenta y cinco pesos, por concepto del 20% de garantía de avance y del
10% de vicios ocultos en apego a la Ley No. 5560 sobre Póliza de
Garantía de Anticipos y Vicios Ocultos.
Asimismo, determinó que el Alcalde Félix
Manuel Rodríguez Grullón en el año 2011 sobrevaluó las cuentas por un
monto ascendente a doce millones.
Mediante la auditoría por igual se
estableció que el Alcalde con la colaboración de Jerson Neris Lizardo
Pérez, le otorgó pagos duplicados a empleados que tienen cédulas
duplicadas, así como nombres y códigos de empleados diferentes.
Además se comprobó que hubo desfalco en
los períodos comprendidos entre el 2007 y 2011, por concepto de nóminas
de ayudas a personas, sin que existan expedientes que justificaran esas
ayudas, tales como, cédulas de identidad y electoral, evaluaciones
socioeconómicas y módicas, según su naturaleza, que permitan identificar
las causas para otorgar esas asistencias.
Expresa que el Ayuntamiento Municipal de
San Francisco de Macorís además dejó de percibir la suma de 2 millones
617 mil 749 pesos, por el acusado Félix Manuel Rodríguez Grullón, al no
aplicar el impuesto correspondiente al 10%, para beneficiar allegados en
el alquiler de vehículos a proveedores de servicios, por la recogida de
desechos sólidos.
De igual manera determinó que realizó
pagos a compañías sin que existan contratos de alquiler y soportes
justificativos, y que incumplió en el Ayuntamiento de San Francisco de
Macorís de las normativas legales establecidas en el artículo 21 de la
Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios, que establece
límites en cuanto a la composición, de cómo se destinaron los ingresos
propios y los recibidos por las diferentes modalidades establecidas por
las leyes nacionales para satisfacer sus competencias.
También, expresa que hubo sobrevaluación
y desfalco en nueve obras con la existencia de contratos reformulados
que exceden el 25% del presupuesto original de las obras, sin las
debidas justificaciones comprobadas que demuestren las imprevisiones
causantes de esas adiciones.
“En combinación con los demás
coimputados el Alcalde realizó Fraude Electrónico en la Nómina de
Personal del Ayuntamiento, por montos millonarios, además de que se
contactaron a personas para sustraer los fondos del Ayuntamiento, a
través del depósito en la nómina electrónica”, se establece en la
acusación presentada por el Ministerio Público.
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