Estos tópicos son puestos de relieve por Participación
Ciudadana en su acostumbrado y extenso resumen general anual sobre la marcha
del país en los últimos 12 meses.
El primer punto, la organización de la sociedad civil lo
dedica al tema de la postulación del presidente Medina, resaltando que el
mandatario se embarcó en este proyecto político faltando a sus compromisos de
campaña y a numerosas declaraciones sobre los males que conlleva la reelección
presidencial en un país de instituciones débiles.
“El presidente Danilo Medina desató una crisis en su propio
partido y usó el poder del Estado para doblegar a bloques enteros de
legisladores, incluyendo hasta a algunos que poco antes adjuraban del
continuismo, para realizar la trigésimo novena reforma de la Constitución a fin
de posibilitar su repostulación, dejando una estela de conjeturas sobre compra
de conciencias y estimulando la descomposición del sistema partidista”, dice el
informe de PC.
Sobre la corrupción, el informe dice que en este período
este mal se expandió por todo el cuerpo social de la nación, con múltiples
escándalos, como el destape de una red de extorsión en la asignación y
cubicación de obras en la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado
(OISOE), detonada por el suicidio de una de sus víctimas: el arquitecto David
Rodríguez García.
Añade a este tema, el descubrimiento de mafia integrada por
jueces, exjueces y empleados del Poder Judicial, que según el Procurador
General de la República traficaba sentencias en materias tan graves como
narcotráfico, estafas y asesinatos, salpicando a los más altos funcionarios
judiciales.
También hace reseña de un caso emblemático como el del
senador Félix Bautista, que fruto de una sentencia en la fase de instrucción no
fue posible llevarlo a juicio de fondo por alegados hechos de corrupción de
cuando se desempeñaba como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE).
A continuación el informe de PC
El año que termina registró un inmenso deterioro en la democracia interna de los partidos
políticos que, en su mayoría, han escogido candidatos para las elecciones
generales del 2016 sin observar los preceptos consagrados en la Constitución,
la Ley Electoral y sus propios estatutos, y el interés reeleccionista doblegó
el Poder Legislativo, mientras el Judicial entraba en una crisis tan profunda
que se ha llegado a definir como un colapso.
Faltando a sus compromisos de campaña electoral y a
numerosas declaraciones desde el gobierno, sobre los males que conlleva la
reelección presidencial en un país de instituciones tan débiles, el presidente
Danilo Medina desató una crisis en su propio partido y usó el poder del Estado para doblegar a
bloques enteros de legisladores, incluyendo hasta a algunos que poco antes
adjuraban del continuismo, para realizar la trigésimo novena reforma de la
Constitución a fin de posibilitar su repostulación, dejando una estela de conjeturas sobre compra
de conciencias y estimulando la descomposición del sistema partidista.
La corrupción y la descomposición se expandió por todo el
cuerpo social de la nación, con múltiples escándalos de corrupción, como el
destape de una red de extorsión en la asignación y cubicación de obras en la
Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), detonada por el suicidio de una de sus
víctimas, y la denuncia de una banda integrada por jueces, exjueces y empleados
que según el Procurador General de la República traficaba sentencias en materias
tan graves como narcotráfico, estafas y asesinatos, salpicando a los más altos
funcionarios judiciales. El propio Ministerio Público fue blanco de denuncias
sobre extorsiones.
Como agravante de la corrupción queda la impunidad
prevaleciente ante múltiples denuncias de corrupción, siendo el caso más
relevante el del senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido
gobernante, acusado de graves irregularidades que incluyen lavado de activos en
manejo de más de 26 mil millones de pesos a quien una justicia demostradamente
partidarizada se negó a someter a juicio a pesar de un escandaloso expediente
elaborado por la Procuraduría General,
cuyo titular se negó luego a llevarlo hasta las últimas consecuencias en lo que
pareció un pago político por contribuciones al acuerdo entre partidarios que
abrió paso a la reforma constitucional, apenas cinco años después de haber sido
prohibida por los mismos actores políticos.
Con un congreso dominado por un solo partido negado a
adecuar la Ley Electoral al nuevo régimen constitucional y a aprobar una ley de
partidos que se discute hace 17 años, con un incremento de la inseguridad
ciudadana e incumplimiento de numerosas leyes de reciente aprobación,
incluyendo la Estrategia Nacional de Desarrollo, sin lograrse la aprobación de
los pactos Fiscal y de Electricidad que dispuso, la institucionalidad nacional
pareció en proceso de debilitamiento.
Lo más positivo del año ha sido el comportamiento
macroeconómico, con un crecimiento muy por encima del promedio regional, con
bajas tasas de inflación y devaluación, así como relativa reducción del déficit
en el intercambio comercial, pero a costa de nuevos déficits fiscales
acumulados y un endeudamiento que para el próximo año el presupuesto proyecta
sobre cinco mil millones de dólares, ratificando el camino a la insostenibilidad económica de
la nación.
Se reconocen los esfuerzos del gobierno por cumplir la Ley
de Educación con la inversión en ese
sector del 4 por ciento del producto interno bruto, aunque muy concentrado en
edificaciones. También los avances para establecer la cuenta única del tesoro
nacional, los esfuerzos de la dirección de compras y contrataciones por mejorar
la transparencia y limpieza en los contratos públicos, las auditorías de la Cámara de Cuentas y un interés por mejorar
los servicios de salud de la seguridad social.
Participación Ciudadana celebra que este año ha crecido la
lucha de la sociedad dominicana contra la corrupción y la impunidad y reclama
un mayor protagonismo de todas las instituciones sociales para contener el
deterioro institucional y la corrupción que corroe el alma misma de la nación,
a fin de crear nuevas expectativas sobre el devenir colectivo.
A lo largo del año hemos asistido a lo que podría definirse
como el naufragio del sistema partidista dominicano, con un retroceso alarmante
en la democracia interna de las agrupaciones políticas, en violación de
principios constitucionales, legales y estatutarios que garantizan el derecho a
elegir y ser elegido. Para Participación Ciudadana ha sido particularmente
penoso el retroceso, porque durante los primeros procesos electorales de este siglo fuimos invitados a observar las
elecciones primarias de candidatos por los tres partidos que dominaron el escenario
post Trujillo y hubimos de certificar importantes avances democráticos. Esta
vez sólo el Partido Revolucionario Moderno convocó a todos sus miembros a
elegir candidato presidencial tras una intensa competencia interna, sin que lo
haya hecho aún para las candidaturas legislativas y municipales. Fuente 7 Dias.com
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