Miranda Villalona reveló están recibiendo informaciones en
este sentido, por lo que "estamos evaluando esas informaciones" de la
que darán debida parte una vez terminen las pesquisas, ya que "nuestra
responsabilidad es denunciarlos, para que la Junta Central Electoral (JCE) y
los partidos tomen cartas en el asunto".
En caso de que las investigaciones demuestren
irregularidades, la Procuraduría Antilavado presentará un informe a la JCE y a
los partidos antes del 15 de mayo para que tomen las debidas precauciones, ya
que "ningún candidato financiado por el dinero del crimen organizado puede
ser un representante digno del pueblo."
"Hasta ahora, estamos dominando una lista de entre 10 y
20 candidatos a cargos congresuales y municipales, a quienes estamos depurando
para ver si procede, porque nos han llegado unas informaciones y en nuestra
base de datos tenemos los nombres y los afiches", afirmó Miranda
Villalona, que no facilitó la identidad de los investigados.
Además, señaló que algunos de los políticos que están
investigados han sido deportados y condenados por delitos diversos y que
algunos pasan desapercibidos ya que son candidatos de provincias lejanas.
Dado que no se ha aprobado la Ley de Partidos Políticos, que
es el mecanismo que serviría para controlar las fuentes ilícitas que entran en
las organizaciones políticas, el responsable de la entidad antilavado opinó que
la JCE debe ejercer una mayor control sobre los aspirantes a cargos públicos.
Al no existir esa legislación, a su juicio existe un alto
riesgo de penetración de dinero sucio en la campaña política, una circunstancia
que debería preocupar a las directivas de los partidos políticos y a tener
mayor supervisión de sus candidatos. Fuente 7Dias.com
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