El pleno de la Cámara baja, compuesto por 513 legisladores,
debate en una sesión maratoniana -que comenzó el viernes y concluye con la
votación de este domingo- si existen motivos para avanzar en un juicio político
con fines destituyentes contra Rousseff.
Lo más sorprendente es que, al menos 50 de esos legisladores
están acusados de delitos -en su mayoría vinculados con corrupción- y otro
centenar está bajo investigación.
Ningún tribunal ha acusado a Dilma Rousseff, pero la oposición
sostiene que existen motivos para su destitución por maquillar las cuentas públicas
en 2014 y 2015, modificar los presupuestos por decreto y contratar créditos con
la banca pública.
Una acusación, denuncia el gobernante Partido de los
Trabajadores (PT), que esconde un intento "golpista" de tumbar al
Ejecutivo.
Entre los "verdugos" de Rousseff está su
vicepresidente, Michel Temer, del poderoso Partido del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB), que asumiría la Presidencia si finalmente prospera la
destitución de la mandataria y quien enfrenta también una amenaza de juicio político.
El otro gran impulsor del "impeachment" (proceso
de destitución) es Eduardo Cunha, portavoz de la Cámara baja, del PMDB, acusado
de lavado de dinero, de recibir sobornos y de mantener en secreto cuentas
opacas en el exterior.
Pero Cunha no es el único. En las filas del PMDB, que
durante décadas ha actuado como la llave de los gobiernos de distintos colores
políticos, hay otros dirigentes con causas pendientes con la Justicia.
El presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB), está bajo
investigación por supuestos sobornos en negocios para la petrolera estatal
Perobras.
La lista de investigados también es larga en el PT,
empezando por el propio expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la mira de
la Justicia por su presunta vinculación con la corrupción en Petrobras.
Lula no está en el Parlamento, pero varios legisladores del
PT arrastran causas pendientes por corrupción, en su mayoría vinculados con el
escándalo de la petrolera.
El Senado replica el modelo. De los 81 senadores que tendrán
en sus manos el futuro de Rousseff si el Congreso da mañana luz verde al "impeachment",
varias decenas tienen asuntos legales pendientes.
Entre ellos Gleisi Hoffman, jefa del Gabinete de Rousseff
durante su primer mandato, investigada por el escándalo Petrobras.
La corrupción se extiende como un mal endémico entre la
clase política brasileña y salpica también a partidos más modestos, como el PP,
el Partido Progresista, con varios de sus miembros investigados por el caso de
la petrolera. Fuente 7Dias.com
0 comentarios:
Publicar un comentario