SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).-Un grupo de organizaciones y ciudadanos demandó al gobierno de Danilo Medina poner fin a los casos de discriminación que se dan algunos planteles educativos, incluyendo universidades, contra estudiantes de rasgos afrodescendientes que tienen el pelo crespo.
Las organizaciones leyeron el pasado jueves un documento público
frente al Ministerio de Educación de Educación Superior Ciencias y Tecnología (MESCyT)
y en el Ministerio de Educación (Minerd).
En el MESCyT, pidieron la destitución de su titular, Ligia
Amada Melo, por haber discriminado a la politóloga Fátima González (Nicky) por
llevar el pelo crespo y por andar “desaliñada” y “mal presentada”.
“Melo no está en condiciones de ostentar ni mucho menos
administrar un cargo que demanda espíritu y criterios democráticos e inclusivos
que garanticen el respeto a la Constitución y a las convenciones
internacionales firmadas y ratificadas por el Estado”, plantearon.
“Exigimos que la ministra renuncie del puesto o sea
destituida por el presidente Danilo Medina, y que además pida excusas a la
ciudadana discriminada y a la nación dominicana”, dijeron.
Las activistas sociales, entre quienes figuran la periodista
Maribel Núñez, Bienvenida Mendoza, Marilyn Gallardo y Altagracia Jean Joseph,
fueron agredidas por personal de la MESCyT.
A continuación el documento que entregaron también en el Minerd,
que dirige Carlos Amarante Baret, y que hasta el momento tiene más de 180
firmas de ciudadanos:
Santo Domingo, RD
11 de agosto del 2016
Señor
Danilo Medina Sánchez
Presidente de la República Dominicana
Señora
Ligia Amada Melo de Cardona
Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología,
Señor
Carlos Amarante Baret
Ministro de Educación
Distinguidas autoridades:
Nosotros, ciudadanas y ciudadanos y organizaciones
defensoras y promotoras de los Derechos Humanos, les saludamos, y a la vez les
manifestamos nuestro rechazo a la práctica reconocida públicamente por la
Ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Sra. Ligia Amada Melo, de
establecer criterios de exclusión que contravienen el principio y derecho a la
igualdad establecida en la Constitución de la República Dominicana.
Manifestamos nuestra condena respecto al hecho comprobado de
que efectivamente la joven Fátima González Méndez (Nicky), sufrió un ataque a
su dignidad, fue discriminada por motivos de “raza” y se le violaron sus
derechos constitucionales por una institución pública llamada a preservar “la
identidad y cultura nacional, como punto de partida para la universalidad del
patrimonio cultural”, “el respeto al ser humano, su dignidad y su libertad” y “la
igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios de la educación
superior, sin que medien prejuicios por origen social, etnia, religión o género”
conforme a lo establecido en la ley que la instituye, creada con el número 139-01
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
La politóloga Fátima González acudió al MESCyT a solicitar
una beca para estudiar en el exterior y según denunció a través de su cuenta en
la red social Facebook, la ministra Melo le negó el acceso a un servicio en
función de su apariencia física y le expresó su negativa aún cuando luego reconoció
públicamente que cumplió con los requisitos de índice académico requeridos e
idoneidad para recibir dicho servicio conforme a los principios establecidos en
la Ley de Educación Superior.
La ministra Melo expresó a la señorita González: “YO NO LE
DOY BECAS A PERSONAS QUE TENGAN EL PELO COMO TÚ, SOY ANTICUADA PERO NO ... NO
INSISTAS NO LE DOY BECA A PERSONAS QUE TENGAN EL PELO COMO TÚ”, contraviniendo
el carácter de “Estado Social y Democrático de Derecho” como es el nuestro según
el artículo 7 de la Constitución Dominicana, protector y garante y de todo
Estado comprometido con los convenios y pactos internacionales en acceso a la
educación pública, constituyendo una violación inaceptable a la dignidad de las
personas solicitantes de beca en una instancia pública.
En rueda de prensa ofrecida luego del lamentable hecho
racista y clasista, la ministra Melo, intentó justificar su actuación y reiteró
que: "no le presté atención”, ya que la solicitante de la beca que ofrece
el Estado “vino un poco desaliñada.”
Esta segunda intervención, ahora pública, constituye una
admisión de que en esa institución pública se aplican prácticas que
contravienen los Derechos Humanos de todos los ciudadanos dominicanas y
dominicanos por el hecho de no llevar las ropas y apariencias demandadas por un
código de presencia arbitrario que obliga a las y los dominicanos a negar su
identidad para poder optar por el derecho a recibir del Estado el apoyo
financiero para sus estudios.
Es indignante enterarnos de que las becas que son subvencionadas
con fondos públicos, provenientes de los pagos de impuestos de todos los
ciudadanos, y mediante convenios con nuestro Estado, las cuales deben ser
otorgadas a través de instituciones tan importantes como es el Ministerio de
Educación Superior, sean manejados de forma arbitraria respondiendo a
prejuicios raciales y clasistas.
Las organizaciones y ciudadanas y ciudadanos abajo
firmantes, entendemos que la ministra Melo no está en condiciones de ostentar
ni mucho menos administrar un cargo que demanda espíritu y criterios democráticos
e inclusivos que garanticen el respeto a la Constitución y a las convenciones
internacionales firmadas y ratificadas por el Estado, como son el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, que entre sus acápites expone:
-"En la presente Convención la expresión "discriminación
racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública" (Artículo 1, acápite 1).
-"Cada Estado parte se compromete a no fomentar,
defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas
u organizaciones" (Artículo 2, acápite 1-b).
-"Cada Estado parte tomará medidas efectivas para
revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar,
derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como
consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista"
(Artículo 2, acápite 1-c-).
Asimismo, entendemos que la ministra Melo fue educada en el
sistema educativo y en la sociedad dominicana, que fomentan estas actitudes
racistas y excluyentes y lo que se exige de una funcionaria de su investidura
es desaprender (erradicar) estas prácticas y reconocer que discriminar es ilícito
por violar la Constitución. Exigimos que la ministra renuncie del puesto o sea
destituida por el presidente Danilo Medina, y que además pida excusas a la
ciudadana discriminada y a la nación dominicana.
La discriminación racial ha sido una situación latente en la
sociedad dominicana; nuestro pasado colonial y esclavizante vive en nosotros y
está institucionalizado en las estructuras estatales y privadas (recordemos las
recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de
Amnistía International, organismos internacionales que reiteradamente solicitan
al Estado dominicano eliminar el racismo estructural en el país e implementar
políticas públicas para desincentivarlo).
Cada día en voz baja se escucha que nuestras niñas y niños
sufren racismo, les exigen en las escuelas a las niñas afrodescendientes
desrizarse el pelo o llevarlo bien amarrado, prohibiendo el pelo crespo suelto
o tejido con muchas trenzas. Y en el caso de los varones les obligan a
recortarse al ras como si de academias militares se tratase, no hacerse trenzas
(dreadlocks), ni "afro" para ir a las escuelas y hasta las
universidades, olvidando que nuestro país es afrodescendiente.
En el caso de las universidades, a diario llegan denuncias
de que profesores con discursos amenazantes y racistas exigen a estudiantes
cambiar maneras de llevar el pelo y si el estudiante no acepta, las
consecuencias son la exigencia del profesor para que el estudiante retire la
asignatura o de lo contrario lo amenaza con reprobarle la asignatura.
Es importante destacar que la mayoría de los que sufren el
racismo en el sistema educativo temen denunciar al profesor, miedo muy grave,
porque el temor es a las represalias del profesorado y esto se configura como
una falta a la libertad promovida desde la academia, lugar universalmente
reconocido como promotor de libertades, entre otros valores. Con esas prácticas
de racismo y amenazas desde la academia se enseña autoritarismo.
Son muchos los casos de escuelas, colegios, universidades y
centros laborales en donde nuestros muchachos y muchachas son discriminados y
el racismo se manifiesta por el color y el pelo, conducta que más allá del pelo
o del color, es la negación del Ser Afro, es la minusvalía que racistas le
adjudican a afrodescendientes; es ver y concebir a menos la afrodescendencia,
exigiendo y obligando procesar-alizar o esconder-coserlo bajo cabelleras
importadas hasta desde la India, para que sea modificado o no mostrado. Y con
ello se está negando y prohibiendo el ser identitario.
La Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana (Ley
66-97) en su artículo primero reza:
“La presente ley garantiza el derecho de todos los
habitantes del país a la educación”.
“La educación es un derecho permanente e irrenunciable del
ser humano. Para hacer efectivo su cumplimiento, cada persona tiene derecho a
una educación integral que le permita el desarrollo de su propia individualidad
y la realización de una actividad socialmente útil; adecuada a su vocación y
dentro de las exigencias del interés nacional o local, sin ningún tipo de
discriminación por razón de raza, de sexo, de credo, de posición económica y
social o de cualquiera otra naturaleza" (Capítulo 2 Artículo 4 acápite a).
A pesar de lo establecido por la Constitución de la República,
por la propia Ley 66-97, por la Ley 139-01 y por los pactos y convenios
internacionales firmados y ratificados por el Estado dominicano, son muchos los
casos de niños, niñas y jóvenes en su mayoría portadores del color de la afro-dominicanidad,
que están siendo discriminadas y discriminados por el MINERD y la MESCyT, y por
ende por el mismo Estado dominicano al negarle el derecho fundamental de ser
inscritos en las escuelas y recibir el pan de la enseñanza, violándoles sus
derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales.
Recordamos la política discriminatoria del Estado hacia la
población dominicana de origen haitiana, cuando el Estado dominicano primero no
le otorga la debida documentación e ilegalmente se escuda en la respuesta de
que no tienen acta de nacimiento, para negarles derechos, a lo que siguió la
discriminatoria Sentencia del Tribunal Constitucional No. 168-13 que no fue
solucionada por la Ley 169-14.
Nos preocupa también los constantes actos de discriminación
racial que sufren los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en las
escuelas, situación que se ha agravado con la política de desnacionalización
del Estado dominicano a través de la sentencia 168-13: al día de hoy los niños
y niñas sufren bullying en las escuelas no sólo por ser negros y llevar pelo
afro, sino también por ser de ascendencia haitiana, situación en la que podemos
ver incurrir hasta profesores. Directores de escuelas se niegan a aceptar la
inscripción de los niños y niñas para cursar el año escolar. Estos actos los
vemos manifestarse bajo el alegato de la no documentación, situación igualmente
discriminatoria ya que la educación es un derecho universal y está amparado por
la propia Constitución.
La violación es también a dominicanos que no tienen nada que
ver con la Sentencia 168-13, que si no están declarados y no tienen acta de
nacimiento igual desde el Ministerio de Educación se le deja fuera de las
escuelas.
Lamentablemente, en las instituciones estatales el
autoritarismo se cruza con el tema de los códigos de vestimenta: hay
instituciones estatales que niegan el acceso a ciudadanas y ciudadanos exigiéndoles
llevar ropa con mangas y zapatos cerrados, violando la Constitución en el Artículo
43, sobre el “Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona
tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que
las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás.”
La ciudadanía con edad laboral sufre las exigencias de la “buena
presencia”: en el ámbito empresarial privado y público en el momento de
insertarse en el campo laboral, a pesar de cumplir con requerimientos
intelectuales yllegar a la entrevista de trabajo, el empleador exige la condición
de que es necesario el cambio estético del pelo para optar por el puesto,
sumando más violaciones de derechos y restricciones de libertades. Fuente 7Dias.com
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