Washington, 19 sep (EFE).- El Gobierno estadounidense admitió
hoy que pudo haber dado la nacionalidad a más de 850 inmigrantes procedentes de
países objeto de vigilancia especial por suponer problemas para la seguridad
nacional o que debían ser deportados.
La Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional
informó en un comunicado de que se le otorgó por error la nacionalidad a al
menos a 858 personas de los llamados "países de interés especial" o
de otros en los que es habitual la falsificación de documentos, que estaban
pendientes de deportación o que reingresaron al país con otro nombre tras ser
expulsados.
Los "países de interés especial" son aquellos que
son objeto de una vigilancia migratoria específica por presentar una amenaza
terrorista, y entre ellos figuran Afganistán, Argelia, Indonesia, Irak, Irán,
Libia, los territorios palestinos, Pakistán, Somalia, Siria, Sudán y Yemen,
entre otros.
El informe del Departamento de Seguridad Nacional indica que
el error se debió a que "ni el banco de datos digital de huellas digitales
ni los archivos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) contenían todos los
datos de viejas huellas digitales de individuos que habían sido previamente
deportados".
Según el comunicado, el historial de huellas digitales se
perdió porque las antiguas fichas en papel usadas antes de 2008 no habían sido
digitalizadas totalmente ni subidas al banco de datos, mientras que había otras
que no fueron pasadas al FBI.
"Actualmente, aún no se han digitalizado cerca de 148.000
registros de huellas digitales de extranjeros procedentes de países de interés
especial sobre los que pesaban órdenes finales de deportación, que eran
delincuentes o fugitivos", agregó el informe.
La Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional
ha detectado que al menos tres individuos que se nacionalizaron tras haber sido
deportados bajo una identidad diferente, obtuvieron credenciales para llevar a
cabo trabajos que comprometían la seguridad de puertos marítimos o aeropuertos.
En los tres casos se les revocaron los permisos, mientras
que en otros se investiga la posibilidad de retirarles la ciudadanía o
presentar cargos contra ellos. EFE
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