Nueva York.- La promesa electoral del presidente electo
Donald Trump de deportar 11 millones de indocumentados cuando llegue a la Casa
Blanca el 20 de enero del próximo año, tiene preocupado a la comunidad hispana
inmigrante en esta ciudad.
Se estima que en la Gran Manzana existe más de medio millón
de indocumentados, entre ellos dominicanos, mexicanos, salvadoreños,
guatemaltecos y peruanos.
En el Alto Manhattan donde reside la mayor concentración de
dominicanos en Estados Unidos y el exterior, hay inquietud. Se ha escuchado
decir a muchos criollos que planean regresar a la República Dominicana o
dirigirse a cualquier otro país, entre ellos Canadá o España, para evitar un
tedioso proceso de deportación.
Los sin papeles residentes en la urbe quieren saber si desde
la Alcaldía se tomarán medidas para protegerlos junto a sus familiares.
Hace algunos días, el alcalde Bill de Blasio, en un discurso
para reconocer la victoria de Trump no dio ningún dato específico, ni plan de
protección contra las anunciadas medidas del nuevo presidente.
Lo único que expresó fue “estamos del lado de la “Estatua de
la Libertad” con los brazos abiertos para dar la bienvenida a inmigrantes y
refugiados”. “Siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos, La Gran Manzana
continuaría su camino de tolerancia y protección de los derechos civiles de sus
ciudadanos”, indicó.
Por su lado, la presidente del Concejo Municipal, Melissa
Mark-Viverito, sí mostró su preocupación de una forma directa al proclamar “Aún
no sabemos las implicaciones para Nueva York, pero lo que sí sabemos es que
nuestra ciudad mantendrá inquebrantable su esperanza y optimismo para la nación
y el mundo.
“Seguiremos siendo una ciudad que respeta y protege a los
inmigrantes, a los ciudadanos de diferentes religiones y razas, a la comunidad
LGBTQ y un lugar que valora y empodera a las mujeres y a todas nuestras
comunidades”. “Somos mejores, más fuertes y prósperos porque estamos
comprometidos con la inclusión”, declaró la funcionaria municipal.
Un informe presentado en años recientes por Center for
American Progress (CAP, por su sigla en inglés) reveló que la deportación
masiva de los 11 millones de indocumentados impactaría negativamente en el 5%
de la fuerza laboral, y que una redada masiva le costaría a los contribuyentes $200
mil millones en un espacio de 5 años, sin contar gastos anuales relacionados
con la represión interna y en las fronteras, estimados en unos $17 mil
millones, es decir habría que agregar otros $85 mil millones. Fuente El Caribe

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