SANTO
DOMINGO.-“Cruzar el Niágara en bicicleta” es lo más parecido al proceso para
obtener un título de alguna propiedad en el país, lo que mantiene a miles de
personas viviendo con la incertidumbre de poseer algún inmueble, pero a su vez
están en un limbo legal.
Por
lo regular muchos solicitantes desisten luego de invertir tiempo y dinero en
legalizar las tierras que han habitado, debido a la burocracia existente.
El
proceso va desde pagos en algunas instituciones del gobierno, realización de
las mensuras correspondientes y sometimiento a la Jurisdicción Inmobiliaria del
Poder Judicial para que dé el visto bueno y se proceda al registro del documento.
La
nota de El Día señala que este trajín el propietario puede gastar desde
RD$80 hasta los RD$120 mil, dependiendo de la extensión y las características
que tenga el inmueble que desea registrar.
Un
mal generalizado
La
situación no solo afecta a las tierras agrícolas, ya que se estima que entre un
50 a 75 % de los residentes urbanos carecen de derechos formales sobre sus inmuebles,
según estudios realizados por organismos internacionales.
Entre
los afectados están los miles de beneficiarios de proyectos habitacionales
construidos por el gobierno a lo largo de la historia.
Mirando
un poco atrás
Gran
parte de esos terrenos son producto de ventas hechas por las entidades públicas
que heredaron las tierras del Estado que fueron propiedad de Trujillo.
La
Reforma Agraria promulgada entre los años 1962 y 1972 jugó un papel importante
en la entrega de tierras sin título a los campesinos.
Según
un estudio realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), solo el Instituto Agrario Dominicano (IAD) había
redistribuido alrededor de 409,000 hectáreas, beneficiando a 75,000 familias al
cierre de 1990.
Con
el paso de los años ese número se ha incrementado significativamente más aun
cuando se suman las tierras vendidas por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Esta
última entidad heredó 3.5 millones de tareas de tierra al momento de su creación
el siglo pasado.
La
estimación la hizo Bautista Rojas Gómez, presidente de la comisión designada
por el Gobierno para investigar qué porción de terrenos aun le queda al Estado
y las condiciones en que han sido vendidos o cedidos.
Las
“permutas”
Otro
de los orígenes de la problemática es que grandes porciones de terreno se han
cedido como permutas por obras realizadas por el Estado en determinadas
provincias.
Quienes
poseen esas tierras en el mejor de los casos solo cuentan con títulos
provisionales.
Tal
es el caso de los productores del proyecto Daza I en San Cristóbal, quienes
tienen más de dos décadas sin contar con sus títulos definitivos.
“Se
ha logrado muy poco en todos estos años”, se lamentó Francisco Mejía. El
productor es parte de las decenas de campesinos que recibieron 30 tareas de
tierra como permuta luego de ser desalojados de los terrenos donde se construyó
la presa Jigüey y Aguacate en el gobierno de Joaquín Balaguer.
Los
productores dejaron las tierras donde eran dueños legítimos y se fueron a
cultivar a esta demarcación de Hato Damas, donde está el proyecto.
“Aquí
hemos tenido que pelear hasta con la guardia luego que nos desalojaron”, dijo
Manuel Cabral.
Las
repercusiones
Para
quienes están en esta situación, aunque poseen ciertos derechos sobre la tierra
no pueden venderla, ni hipotecarla en una entidad bancaria formal.
“Tengo
una casa y en muchas ocasiones he necesitado un préstamo y he querido ponerla
como garantía, pero no me la aceptan”, se lamentó Lourdes García, residente 30
años en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.
La
mujer cuenta que desde que ocuparon las tierras, luego del huracán David, han
intentado obtener sus títulos, pero siempre hay un problema.
El último
fue revelado en 2016, tras el proyecto de la compañía privada Titulatec, que
compró los terrenos de ese barrio a precios de “vaca muerta” al Estado y
pretendía revenderlos hasta 15 veces más caros.
Procedimiento
Algunos
pasos para obtener un título
—1— Medición
Un
agrimensor debe hacer el deslinde de la propiedad para obtener la mensura.
—2— Documentación
La
información se coteja para presentarla a la institución a la que pertenece el
terreno.
—3— Aprobación
Cuando
el proceso está aprobado internamente se somete a la Jurisdicción Inmobiliaria.
Comisión
levanta 62 mil expedientes del CEA
Investigación.
El ministro sin cartera Bautista Rojas Gómez resaltó que la comisión que
preside para investigar el festín de ventas de terrenos en el CEA ha levantado 62
mil expedientes desde que fue creada en septiembre de 2016 por el Ejecutivo.
Los
documentos que tratan sobre ventas, arrendamientos y permutas de las tierras
que estaban a nombre de esa entidad ahora deberán ser auditados por la
Contraloría General.
Explicó
que la comisión también se encuentra automatizando esos expedientes para luego
ofrecer un informe final.
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