El movimiento cívico no partidista,
Participación Ciudadana, presentó hoy el balance sobre los hechos
que marcaron el año 2018 en la República Dominicana.
A continuación el balance íntegro:
1. Precariedades institucionales y políticas
Las precariedades institucionales dominaron el
escenario nacional durante todo el año, con el fantasma de la reelección distrayendo la atención de
las autoridades y la sociedad y alentando una severa crisis en el partido
gobernante. Una prematura precampaña de varios aspirantes del partido oficial
se produjo en desafío a la Ley y reglamentos que establecen restricciones para
evitar los excesivos gastos y abuso de recursos públicos.
Como elemento positivo del año se pueden mencionar la
aprobación de una Ley de Partidos discutida por dos décadas, que marca algunos
avances importantes, sobre todo al postular la transparencia y límites del
financiamiento y promover la paridad de género, aunque terminó con varios
preceptos de cuestionada constitucionalidad, sometidos al dictamen judicial,
algunas inequidades y con un pobre régimen de sanciones que no disuade las
violaciones. Al final del año, el Consejo Nacional de la Magistratura realizó
una renovación parcial de cuatro miembros del Tribunal Constitucional,
reduciendo el secuestro partidario de ese organismo.
Mientras la presidencia incrementa sus gastos y
reparte cada vez mayor cantidad de recursos a título personal del Presidente,
se mantiene congelada o en reducción la proporción presupuestaria a la Justicia
y el Ministerio Público, así como a la salud pública y a múltiples entidades
estatales. El poder municipal recibe menos del tres por ciento de los ingresos
nacionales, aunque su ley orgánica dispone el diez. El presidente reparte hasta
el dinero que la ley ordena entregar a los municipios donde hay explotación
minera, que apenas reciben la décima parte de lo que les corresponde.
Por su parte, el Congreso Nacional siguió subordinado
al Poder Ejecutivo, aprobando préstamos y presupuesto sin mayores ponderaciones
y negado a cumplir sus funciones de fiscalización. Esto último quedó demostrado
en la negativa de la Cámara de Diputados a investigar los contratos de
publicidad y asesoría política por más de 1,300 millones de pesos, otorgados
por el gobierno a dos empresas de los asesores políticos del presidente Danilo
Medina: Joao Santana y Mónica Moura. La mayoría oficialista rechazó varias
veces la petición de crear una comisión de investigación demandada en base a
una certificación de la Contraloría General de la República obtenida por la
diputada Faride Raful.
Mónica Moura y Joao Santana.
Estudios y encuestas publicados en este año, muestran
una alarmante caída de la credibilidad en las instituciones democráticas
nacionales. Los poderes legislativo, judicial y ejecutivo aparecen, junto a la
Policía Nacional como las cuatro instituciones con menor credibilidad.
Se avanzó este año en la implementación del Programa
Nacional de Regularización de Extranjeros, con la flexibilización de
requerimientos que no habían podido cumplir más del 90 por ciento de unos 240
mil solicitantes. Sin embargo, prevalece mucha opacidad en los términos y las
metas alcanzadas. Aunque las autoridades han deportado a decenas de miles, un
lucrativo tráfico humano prosigue en la frontera, sin que se tenga información
de que las autoridades hayan comenzado a exigir a los empleadores que no
contraten a inmigrantes sin la documentación correspondiente.
Varios incidentes en la franja fronteriza afectaron
la seguridad de ciudadanos dominicanos y haitianos y el intercambio comercial,
con repercusiones negativas para productores nacionales y poblaciones como
Pedernales y Dajabón.
2. Corrupción e Impunidad
El 2018 no registra ningún avance significativo en el
compromiso del gobierno dominicano y del presidente Medina de combatir la
corrupción y la impunidad. Por el contrario, además de mantener las mismas
tendencias de años anteriores, crece la percepción de aumento de la corrupción
y no se produce ninguna condena importante.
Así lo muestran los distintos estudios de organismos
multilaterales publicados este año, entre los que se destacan: The Economist,
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Índice de Competitividad
Global del Foro Económico Mundial, Latinobarómetro, Oxfam, Barómetro de Las
Américas y el índice de Transparencia Internacional.
El caso más importante de corrupción en el 2018 sigue
siendo el de Odebrecht, debido a que la Procuraduría General de la República
presentó un expediente que contiene unos pocos acusados, excluyó todo el
periodo de gobierno del presidente Medina, no ha presentado las auditorías de
obras que, de acuerdo a confesión de la empresa, fueron sobrevaluadas en más de
un 20 por ciento. Tampoco se han investigado las denuncias y querellas sobre la
intervención de esa empresa en el financiamiento de campañas electorales en el
2012 y 2016, especialmente sobre el papel que jugaron Joao Santana y Mónica
Moura en las campañas del presidente Danilo Medina.
El país sigue siendo el único que no tiene un solo
preso por el escándalo Odebrecht, a pesar de ser el que encabeza el monto de
sobornos, según confesión de la misma empresa. La Cámara de Cuentas tampoco
informa sobre los avances en la evaluación de las 17 obras, para verificar y
ventilar las sobrevaluaciones.
Los escándalos de corrupción acumulados en los
últimos años y con expedientes en la justicia no registraron avances en el
2018. Entre estos se destacan: el escándalo de la Plaza de la Salud Dr. Luis E.
Aybar; la responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio en el abusivo
precio de paridad de importación del GLP, donde el gobierno se apropió el
enorme excedente desde finales del 2017 y no investigó a quienes se
enriquecieron sobrevaluando el costo de los combustibles; el nepotismo y el
clientelismo se mantienen en el CEA; también se reveló una nominilla del
Ministerio de Relaciones Exteriores con 225 botellas políticas del partido
presidido por el canciller, por un monto mensual superior a los 18 millones de
pesos. También se informó que, en los últimos cinco años, la Cámara de
Diputados gastó más de 170 Millones de pesos en viajes, viáticos y dietas.
Mochilas Lucía Medina
El escándalo de las mochilas del MINERD, que
involucró a la diputada Lucía Medina, constituye otro ejemplo de captura del
Estado. Investigaciones periodísticas mostraron la cantidad de recursos que
recibe la legisladora, hermana del presidente de la nación, de diferentes
instituciones del Estado, con los cuales mantiene una promoción personal
permanente.
En las postrimerías del año, las autoridades
judiciales anunciaron el desmonte de una mafia en la Jurisdicción Inmobiliaria,
con la acusación de corrupción a 17 personas, expresada en diferentes
modalidades, como mediciones de terrenos de manera inadecuada, robo de
propiedades y asignaciones fraudulentas.
3.- Justicia y Derechos Humanos
La justicia siguió en retroceso durante el 2018, sin
que muchos casos escandalosos pudieran superar la fase de la audiencia
preliminar, resaltando el de Odebrecht a dos años de su estallido, en vísperas
de la Navidad del 2016.
En este año la justicia continuó sin dar respuesta al
expediente contra los exmagistrados del Consejo Superior de Justicia, Awilda
Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, como si no fuera posible que los jueces
pudieran juzgar a sus ex colegas. En este caso, la audiencia preliminar lleva
más de cuarenta aplazamientos.
Lo mismo ha ocurrido con el escándalo de corrupción
más grave de toda la historia de la República Dominicana, el de Odebrecht, que
tampoco ha podido avanzar de la audiencia preliminar, envuelto, no sólo en
decenas de incidentes de los acusados, sino en una actitud permisiva de la
Suprema Corte de Justicia, en violación a los procedimientos establecidos para
la agilización de los procesos.
También sigue trabado en los tribunales otro
emblemático caso de corrupción, el de los aviones Super Tucanos, a pesar de la
responsabilidad admitida por la empresa Embraer y de que se llegó a un acuerdo
con ésta para un juicio penal abreviado, a fin de que fuese condenada a una
multa. Otros casos de corrupción de gran relevancia no han podido alcanzar
siquiera la audiencia preliminar, como la venta del barrio de los Tres Brazos.
Luego de medidas de prisión preventiva contra los imputados, les fueron
variadas y permanecen en libertad aguardando el inicio de una acusación que se
dilata de manera sospechosa.
En similar situación está el escándalo de las ventas
irregulares de terrenos del CEA bajo la Dirección Ejecutiva de José Joaquín
Domínguez Peña, lo cual ocasionó la muerte de tres personas en San Pedro de
Macorís.
Otro caso que está estancado, a pesar de que
involucra un asesinato, es el de la OMSA y su anterior director Manuel Antonio
Rivas. Se debe recordar que detrás del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, se
encuentran hechos de corrupción cuya información era manejada por éste y a
quien un grupo de criminales amparados en esa institución le quitó la vida para
que no hablara.
Por el lado del Ministerio Público no ha sido un buen
año, no sólo por el estancamiento de los principales casos de corrupción, sino,
además, por la forma en que se llevó a cabo el concurso público para renovar
las posiciones en distintas fiscalías del Distrito Nacional y otras 21
provincias, además de las especializadas, sin que el Consejo Nacional del
Ministerio Público cumpliera con lo que manda su propia ley.
4.- Gran preocupación por la inseguridad ciudadana
La inseguridad ciudadana ha pasado a ser en los
últimos años uno de los temas centrales de preocupación de la ciudadanía
dominicana, ratificándose en el año 2018 por los índices de criminalidad y
violencia armada. Los esfuerzos de diferentes instituciones han sido
insuficientes. Se mantienen elevados índices de violencia y victimización que
reportan las estadísticas oficiales y las instituciones defensoras de los
derechos humanos. En el 2018, las estadísticas oficiales registran una tasa de
homicidio de 13.44 por cada 100 mil habitantes.
A esto se suman las decenas de mujeres asesinadas por
violencia de género. La ciudadanía vive un estado de temor y este aparece en
las encuestas entre los dos principales problemas nacionales.
Un elemento positivo fue la ampliación de la
cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, a 38
nuevas comunidades.
5.- Crecimiento económico con endeudamiento
El 2018 se caracterizó por la continuación de la
política fiscal expansiva que ha llevado la deuda consolidada del Estado
Dominicano a más de US$43,000 millones. Al inicio del año fueron colocados
US$1,800 millones en bonos en los mercados internacionales. En el mes de julio
el Ministerio de Hacienda recurrió nuevamente a los mercados internacionales
con una emisión de bonos por un monto de US$1,300 millones.
El nivel actual de endeudamiento representa un
crecimiento acumulado cercano al 33% en los últimos cinco años. Como resultado
de este proceso de endeudamiento, el gasto en intereses del gobierno dominicano
continúa siendo el segundo más importante dentro del presupuesto, luego de
educación y por encima de salud pública.
Un hecho a destacar en el 2018 fue el establecimiento
de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Desde el punto de
vista comercial, el establecimiento de relaciones con China no representará una
mejoría a corto plazo en las exportaciones dominicanas, puesto que el país no
termina de realizar avances que mejoren la competitividad por medio de
políticas públicas que fortalezcan las instituciones económicas y reduzcan
aquellos costos que encarecen la producción en el país.
En el 2018 el turismo, zonas francas y remesas
provenientes del exterior fueron los renglones de mayor generación de divisas.
En cambio, las exportaciones nacionales continuaron mostrando un rezago.
Con relación al mercado de trabajo, en el 2018
continuó la informalidad laboral con tasas superiores al 58% del empleo total.
Los desocupados, desalentados y sub ocupados de la economía mantuvieron una
tasa cercana al 16% de la fuerza de trabajo. Ambos factores, junto a los bajos
ingresos generados por la poca competitividad de la economía, obstaculizan la
movilidad socioeconómica de la ciudadanía. De igual forma, dificultan la
posibilidad de los trabajadores de cotizar a la seguridad social para un retiro
digno al final de sus vidas productivas.
6.- Movimiento social y articulación política
Durante el año 2018, siguió creciendo la inquietud en
la sociedad dominicana por los graves problemas acumulados, especialmente por
el incremento de la deuda pública que amenaza la sostenibilidad fiscal, por la
corrupción y la impunidad, y por las deudas sociales acumuladas.
Marcha Verde.
El movimiento Marcha Verde se mantuvo activo
demandando el fin de la corrupción y la impunidad y registró en agosto la mayor
concentración ciudadana de la historia del país, cuando más de 150 mil personas
marcharon hasta el Congreso Nacional.
Organizaciones como la Fundación Institucionalidad y
Justicia, el Centro Bonó, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Asociación
de Empresas Industriales de Herrera, Participación Ciudadana y otras,
mantuvieron activa la defensa de la institucionalidad democrática, enfrentando
los intentos de crear condiciones para volver a modificar la Constitución de la
República en aras del continuismo en el poder y promoviendo la independencia de
los poderes públicos, especialmente de la justicia, así como de la reforma del
régimen electoral.
También se produjeron protestas y movilizaciones
sociales en gran parte del país, especialmente en la región del Cibao, Este año
surgieron nuevas iniciativas ciudadanas que buscan crear condiciones para las
reformas políticas que permitan real competencia en las elecciones del 2020 y
así reducir el monopolio del poder. Se destacan el Movimiento Independiente de
Rescate Democrático, Conciencia Ciudadana y la Coalición Democrática por la
Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo. Mientras en
instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Asociación
Dominicana de Profesores, se rompió la dominación del partido político
hegemónico. Fuente Periódico Hoy
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