Actividad económica y degradación ambiental

Por Pavel Isa Contreras 

Actividades extractivas

El potencial destructivo del medioambiente de las actividades extractivas es muy alto. La minería metálica y a cielo abierto entrañan el mayor riesgo. Además de la destrucción de bosques asociada a las minas a cielo abierto, se ha señalado como una grave fuente de contaminación, el uso de agua para el procesamiento de materiales para extraer oro. En la República Dominicana, la extracción de oro en Pueblo Viejo ha dejado un pasivo ambiental enorme que todavía hoy no ha sido atendido, a pesar de estar en operación un nuevo proyecto que prometió resolverlo. Tampoco está del todo claro cuáles son los pasivos que éste último pueda dejar y si las comunidades pobres del entorno serán afectadas.

Por fortuna, en el país se ha desarrollado un fuerte activismo social respecto a la actividad extractiva que ha “elevado la barra” para la aprobación de proyectos mineros de envergadura que se puedan percibir como riesgosos. Hay que traducir ese activismo en normas y procedimientos estrictos de protección ambiental, y en vigilancia ciudadana y estatal continua para asegurar que las actividades mineras que se desarrollen sean sostenibles y no comprometan las aguas y los bosques.

Sin embargo, en esta materia, la depredación más severa de recursos ha sido protagonizada por la extracción de agregados de los lechos de los ríos, como grava y arena, para saciar la fuerte demanda del sector de la construcción. El resultado ha sido desastroso para numerosos ríos y arroyos. Con mucha frecuencia se señala que existe complicidad entre quienes realizan la extracción ilegal y autoridades locales y nacionales para que éstas se hagan de la vista gorda.

A las anteriores actividades se suma la extracción de madera para producir carbón vegetal en detrimento de algunos de los bosques y fuentes de agua más preciadas del país. Esta está estimulada por la fuerte demanda en Haití.

Es evidente que en cada una de estas actividades hay dinámicas propias, estados de situación tecnológica (p.e. predominio de motores de combustión interna) e intereses que impiden o facilitan reducir sus impactos ambientales. Pero también lo es que, en la mayoría de los casos, los factores comunes son la ausencia o debilidad de consideraciones ambientales en las políticas, de una regulación efectiva y la presencia de graves limitaciones técnicas e institucionales de las entidades responsables.

El Estado dominicano todavía no se ha tomado en serio al medioambiente. El país parece estar en condiciones de cambiar eso. Fuente El Caribe