La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) aseguró que el Ministerio ha marcado un hito sin precedentes en la defensa de los derechos humanos y en la aplicación efectiva de la ley contra quienes se lucran a costa de la explotación y vulnerabilidad de las víctimas, a través de la condena a 20 años de prisión en contra de 9 de los principales responsables de la red criminal desmantelada mediante la Operación Cattleya.
La PETT resaltó que esta sentencia representa un avance significativo en la persecución de delitos que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas, la cual ha sido lograda a través de una investigación técnica y robusta, basada en herramientas forenses y testimonios protegidos, logrando demostrar al tribunal la responsabilidad penal de los implicados y asegurando justicia para las víctimas.
“Este resultado es fruto del trabajo coordinado entre fiscales especializados, cuerpos de seguridad y la cooperación interinstitucional, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de perseguir, procesar y llevar ante la justicia a quienes se lucran a costa de la explotación de personas vulnerables. No permitiremos que estructuras criminales operen con impunidad. La justicia prevalecerá y seguiremos enfrentando con firmeza estos delitos», destacó la procuradora general de corte apelación, Yoanna Bejarán, titular de la PEET.
Con la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, para entonces dirigido por la magistrada Yeni Berenice Reynoso, actual procuradora general de la República, se llevó a cargo el proceso de investigación, el cual estuvo a cargo de la titular de la PETT, Yoanna Bejarán, y Aleika Almonte.
Dicha investigación contó con el respaldo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET), el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional, y la colaboración de la Agencia Internacional Homeland Security Investigations (HSI). Además, el Departamento de Investigaciones de la Procuraduría Especializada desempeñó un papel clave, con el coronel Abreu liderando el área de investigación en ese entonces, y el capitán Díaz, brindando un apoyo significativo para la recopilación de pruebas y el desmantelamiento de la red criminal. Se destaca, también, la colaboración de las organizaciones contra la trata OUR Rescue, Destiny-Rescue, y ATB, así como la labor realizada por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, que dirige Dimercy Ávila, y de la encargada de Protección a Víctimas de la PEET, Ángela Díaz.
Por su parte, el equipo litigante, conformado por Aleika Almonte, Eduardo Velázquez, Noelia Taveras y Ginna Matías, jugó un rol fundamental en la presentación y sustentación de las pruebas ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
En el proceso se estableció que la estructura criminal estaba integrada por dominicanos, venezolanos, colombianos, haitianos y canadienses.
Fuente Ensegundos.do
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