La medida se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana, la cual prioriza el combate de actividades criminales transnacionales que amenacen la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional.
El decreto también establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá comunicar esta designación a los organismos internacionales competentes y a los socios estratégicos del país. Además, se le encarga la coordinación con instancias multilaterales para la adopción de sanciones y medidas de cooperación, en el marco del derecho internacional, contra el grupo.

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