
El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) evitar la aplicación de multas y otras sanciones contra los colmados, microempresas y pequeños negocios que no lograron incorporarse al sistema de facturación electrónica dentro del plazo establecido.
Según informó la periodista Patria Reyes, de Listín Diario, el presidente de Conacerd, Antonio Cruz Rojas, pidió a las autoridades tributarias actuar con prudencia y considerar las dificultades económicas y tecnológicas que enfrentan miles de comerciantes dominicanos.
El dirigente empresarial advirtió que numerosos establecimientos, especialmente los ubicados en comunidades rurales, carecen de los equipos, la conexión a internet y los conocimientos necesarios para cumplir adecuadamente con las nuevas disposiciones fiscales.
Solicitan período de adaptación sin multas
Cruz Rojas reconoció los esfuerzos realizados por la DGII para facilitar la transición, incluyendo la disponibilidad de una herramienta gratuita de facturación electrónica. Sin embargo, consideró que estas facilidades todavía no son suficientes para garantizar la incorporación de todos los pequeños contribuyentes.
En ese sentido, Conacerd propuso revisar los mecanismos de implementación y establecer un período de orientación y acompañamiento sin sanciones, que permita a los negocios completar su adaptación al sistema digital.
La organización entiende que una transformación de esta magnitud debe ejecutarse de manera gradual, tomando en consideración las diferencias económicas y tecnológicas existentes entre las grandes empresas y los pequeños establecimientos comerciales.
Multas podrían alcanzar los 30 salarios mínimos
El plazo para incorporarse al sistema de facturación electrónica venció el domingo 15 de noviembre de 2026, luego de una extensión de seis meses concedida a los contribuyentes pequeños, micro y no clasificados.
La DGII ha reiterado que no contempla una nueva prórroga, debido a las disposiciones legales vigentes.
Los negocios que incumplan las obligaciones establecidas en la Ley 32-23 podrían enfrentar sanciones económicas equivalentes a entre cinco y treinta salarios mínimos, dependiendo de la infracción correspondiente.
La normativa también contempla medidas adicionales ante determinados incumplimientos, incluyendo la suspensión de concesiones o privilegios y la clausura temporal de establecimientos en los casos previstos por la legislación.

0 comentarios:
Publicar un comentario