Por Rosario Espinal
Quienes escucharon los discursos del Papa Francisco en
su visita a Estados Unidos, sobre todo el discurso del sábado 26 de septiembre
en la Plaza de la Independencia en Filadelfia, confirmaron que el Papa tiene
como uno de sus puntos principales de agenda internacional el apoyo a los
inmigrantes.
El Papa habló de no temerle a los extranjeros, de que
los inmigrantes sean aceptados, que contribuyan al desarrollo de los países
donde emigran, y que no se avergüencen nunca de sus raíces y tradiciones
culturales. Habló en especial a los inmigrantes latinos.
No hay que asumir por esos planteamientos que el Papa
esté promoviendo la apertura de frontera de todos los países y se arme un caos
mundial; ni tampoco que promueve la fusión de países.Lo
que el Papa plantea es que cuando por alguna razón se produzcan procesos
migratorios, en los países donde lleguen los inmigrantes, los traten con
humanidad y justicia.
En República Dominicana, distintos gobiernos por 100
años han mantenido una política nefasta con relación a la migración haitiana.
Durante gran parte del siglo 20, los haitianos fueron
traídos al país por el propio Gobierno dominicano para la producción azucarera.
Eran asentados en bateyes donde a lo sumo recibían una tarjetita que los
acreditaba como residentes del batey. Ahí permanecían por décadas sin
documentos ni derechos, y sus descendientes también. Haití, por su parte, iba
de mal en peor.
Sabiendo que el vecino país es muy pobre, de donde
quiere irse mucha gente, los gobiernos dominicanos han mantenido abierta la
frontera dominico-haitiana para ser puente de trata humana, contrabando y
corrupción.
Por estas razones, no por otras, se ha producido una
gran migración haitiana indocumentada a República Dominicana, con una función
clave: suplir mano de obra barata a los empresarios privados y al Estado.
Desde que se emitió la Sentencia TC 168-13 hace dos
años, República Dominicana ha estado inmersa en una confrontación nacional e
internacional sobre la migración haitiana y los derechos de los descendientes.
Han proliferado las tensiones, los insultos y rechazos.
En mi caso particular, que quede claro, nunca he sido
partidaria de permitir una migración masiva indocumentada como ha patrocinado
el Gobierno dominicano. Pero tampoco soy partidaria de mantener esa población
inmigrante excluida de derechos.
Me he opuesto a la Sentencia TC 168-13 porque es una
aberración interpretar antojadiza y retroactivamente la Constitución Dominicana
para negar derechos; en este caso, derechos de nacionalidad a los descendientes
de inmigrantes indocumentados nacidos y criados en territorio dominicano.
Que me insulten y me llamen traidora por haberme
opuesto a la Sentencia TC 168-13 es un honor.
Si el Papa Francisco hubiese visitado la República
Dominicana en vía a Cuba y presentado su visión sobre la migración, hubiese
sido declarado persona non grata por los mismos grupos que tildan de traidores
a quienes hemos criticado la Sentencia TC 168-13. Porque acoger la visión de
respeto a los inmigrantes y a la diversidad de culturas, no es tema actualmente
aceptado en República Dominicana.
Repito, me opongo rotundamente a que el Gobierno
dominicano mantenga una frontera abierta para la migración de trabajadores
indocumentados a ser explotados por los empresarios y el Gobierno. Pero me
opongo también a que se nieguen derechos a los inmigrantes que el propio
Gobierno dominicano dejó entrar y asentar, y sobre todo, me opongo a que se
nieguen derechos a sus descendientes nacidos y criados en República Dominicana.
La patria grande se construye con legalidad e
inclusión social. No con migración indocumentada, no con exclusión social, no
con discriminación.
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