Juancito fue tiroteado en su despacho el pasado martes por
un conocido suyo que también mató a un escolta para, después, quitarse la vida
disparándose en la sien, algo que ocurría solo dos días después de que dos hombres
murieran, también por disparos, durante la celebración de los comicios internos
del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El problema existe desde hace años, ha sido la tragedia
encarnada en una figura pública y querida la que ha hecho saltar las alarmas y,
por sin, el asunto de las armas de fuego está en el punto de mira.
Luis Féliz, de 44 años, un contratista de las oficinas del
alcalde, se presentó en la sede de Fedomu para hablar con él a propósito de
unas medidas legales que un hermano del funcionario había adoptado en su
contra, por un dinero que le adeudaba.
La conversación no llegó a producirse, Feliz no esperó a ser
recibido; la emprendió a tiros contra De los Santos, de 45 años, y contra su
escolta, el sargento mayor del Ejército Archie de Jesús Medina, de 34 años, y
luego se pegó un tiro en la cabeza.
El suceso dejó en estado de shock al país, donde las
celebraciones navideñas, los actos políticos, y casi toda la agenda
institucional se han visto afectados por este hecho dramático, que ha vuelto a
abrir un viejo debate, el de la tenencia y porte de armas.
Son muchos años dando vueltas a la necesidad de desarmar a
la población, que campa con armas legales e ilegales por todas la ciudades del
país sin que, hasta la fecha, se hayan ejecutado acciones concretas para atajar
un problema que causa muertes a diario, por la inconsciencia e incapacidad de
buena parte de las personas que poseen una pistola, un revólver, una escopeta o
una chilena.
Muchos se acuerdan ahora del proyecto de ley sobre este
asunto elaborada por el diputado reformista Víctor Bisinó, quien es muy consciente
de que "por si sola, una Ley de Armas no traerá paz y seguridad, pero es
un paso vital", según manifestó en la red social Twitter, donde pidió que
la muerte del alcalde "nos lleve a la acción necesaria".
La desgracia quizá sirva para poner orden y, como dijo el
ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, aprobar "con la mayor
prontitud posible" una normativa que regule el uso de las armas, limitando
primero el porte y, luego, reglamentando la tenencia.
Curiosamente, el pasado fin de semana se produjeron hechos
lamentables que bien podrían haber abierto este mismo debate sobre la necesidad
desarmar a la población, ya que dos hombres murieron tiroteados durante las
elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las muertes de Erasmo Antonio Medina Espinal, de 39 años, en
Los Ciruelitos, Santiago, y de Yeral Pérez y Pérez, de 31, en Pescadería,
Barahona, "indignaron" a la familia peledeísta y desataron un sinfín
de críticas entre toda la clase política.
Fue un espectáculo violento y "bochornoso",
calificativo que usó el propio presidente del país, Danilo Medina, para
referirse a lo ocurrido.
Medina Espinal murió tras una supuesta discusión entre
seguidores del presidente de la Cámara de Diputados dominicana, Abel Martínez,
que aspiraba a la Alcaldía de Santiago, en un proceso en el que se enfrentaba a
Ramón Rodríguez, administrador de los Comedores Económicos.
Fue casi la crónica de una muerte anunciada, ya que Martínez
dijo a los medios de prensa locales que él ya había advertido a las autoridades
de la policía de Santiago que tenía informes de que la persona que había
cometido el homicidio iba a boicotear el proceso interno del PLD.
Ante estos sucesos la reacción no fue señalar el problema de
las armas; sí hubo una petición, por parte de los seguidores del aspirante
Monchy Rodríguez, de que la Comisión Nacional Electoral deje sin efecto los
resultados de las primarias del PLD en Santiago.
Por supuesto, hubo condenas generalizadas dentro y fuera del
partido, quizá, la más contundente por venir de quien vino, fue la del
expresidente Leonel Fernández, que no se manifestó sobre los lamentables hechos
los acaecidos durante los comicios internos hasta la muerte del alcalde De los
Santos dos días después.
Además de expresar su indignación, anunció de las
consecuencias de ese comportamiento: "una vez identificados los
responsables, el Comité Político procederá a su expulsión sumaria y deshonrosa
y solicitará que la Justicia castigue como se merece a quienes hayan cometido estas
acciones vandálicas". Fuente 7Dias.com
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