Por Héctor Bueno
La entidad
cívico patriótica Guardianes de la Patria de Bonao, fundamentada en la defensa
de los valores, que transferidos a nuestro pueblo por los Padres de la Patria,
permitieron la conformación, e institucionalización de la República, pasando a
quedar establecido el fuero de la independencia, y de la soberanía nacional.
La
identificación con el proyecto realizado por los Padres de la Patria,
constituye un ineludible compromiso, razón ésta que nos obliga a ponernos en
calidad de guardianes, del lado de los intereses territoriales,
socio-económicos, políticos y culturales, recibidos como legado de nuestros
antepasados.
Somos
compromisarios y actores, de la lucha que a nivel nacional, se viene librando
en contra de los desafueros, propios de la corrupción y la impunidad, acciones
estas, que sin tener corruptos favoritos, deben ser castigadas con todo el peso
de las leyes vigentes, a modo de proteger y salvaguardar, el patrimonio
entendido como propiedad de la nación dominicana.
Dentro del
ámbito general de nuestras relaciones, con el vecino país de Haití, cabe anotar
la no existencia de controles migratorios en la frontera entre ambos países. En
la actualidad, la situación socio-económica del vecino país es catastrófica,
marcada por la escasez de puestos de trabajo, escuelas, hospitales, albergues
infantiles, y otros servicios, factores éstos que han venido produciendo un
éxodo masivo de ciudadanos haitianos, hacia el territorio dominicano.
La República
Dominicana, ha venido sirviendo de anfitriona, al flujo inmigratorio,
equivalente a un millón quinientos mil pobladores ilegales, procedentes del
vecino país de Haití. En nuestra condición de ciudadanos dominicanos, éstas
acciones no nos obligan a renunciar a las epopeyas, a los valores de nuestra
cultura, y a los aportes recibidos, de los sacrificios asumidos, por los
forjadores de la República.
En lo
concerniente al proceso de otorgamiento de la nacionalidad dominicana, a los
ciudadanos haitianos establecidos en el país, conviene revisar lo consagrado en
la sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional de la República,
habiéndose además establecido, que la nacionalidad dominicana, no se adquiere
por el solo hecho de haber nacido en territorio dominicano, ya que desde el año
1929, prevalece un jus soli restringido.
Sobre lo antes
referido, rechazamos todo tipo de pretensiones, tendentes a revocar, mediatizar
o burlar, con maniobras públicas o encubiertas, ilícitas o antijurídicas, la
sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, relativa al alcance de los
principios de la nacionalidad, en especial las exigencias contenidas en el Plan
Nacional de Regularización, concluido en fecha 17 de julio del año 1916.
Frente a la
actual circunstancia, que se ha venido presentando, con la presencia en suelo
dominicano, de una desproporcionada cantidad de ciudadanos haitianos, los que
frente a la crisis de su país, se han decidido por asumir el camino del éxodo,
habiendo pasado por encima de los pocos países receptores, a refugiarse en
nuestro territorio.
Esta problemática, entre otras circunstancias, nos convoca
a plantear la iniciativa, de incorporarnos a la búsqueda de una solución, que
incluya la participación del concierto de varias naciones, las que bajo el
apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), trabajan a favor de la
paz y el desarrollo. Esta propuesta deberá sustraer o transferir a cada uno de
los países solidarios, mano de obra haitiana, de categoría semi-especializada,
procedente de las aéreas agrícolas, pecuarias, mineras, de la industria, de la construcción
y de otras actividades, pasando posteriormente a devolverla de nuevo a su país,
acompañada de proyectos en perspectivas de ser implementados, bajo un nuevo
emprendedurismo, enfocado a sembrar en territorio haitiano, las nuevas bases
del desarrollo.
Frente a la
eventual disyuntiva, centrada en la posibilidad de incorporar al proceso de
lucha en contra de la corrupción, y la impunidad, el tema alusivo a la
nacionalización de una gran parte de los ciudadanos ilegales haitianos
residentes en el país, se hace necesario, establecer previamente un consenso,
incluyente de los diversos sectores participantes en esta lucha, a manera de
que tomada esta decisión, quede abierta la posibilidad, de reducir el impacto
de un resquebrajamiento, o la disminución de la cohesión interna de una gran
parte de los grupos, que en el presente permanecen integrados a este
movimiento.


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